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Dic
2018
Policiales | El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló en su cuenta de Twitter que el fallo “es un hito en la sanción de la complicidad civil con el terrorismo de Estado”

UN TRIBUNAL ARGENTINO CONDENÓ A DOS EXDIRECTIVOS DE FORD POR LA DETENCION ILEGAL Y TORTURA DE 24 TRABAJADORES

Un tribunal argentino condenó el martes a entre 10 y 15 años de prisión a dos exdirectivos de la filial local de Ford Motor Co. y a un exmilitar por la detención ilegal y tortura de 24 trabajadores de la automotriz en un juicio histórico que probó la connivencia del poder empresarial con la última dictadura militar.

Santiago Omar Riveros, exjefe de un cuerpo del ejército, fue condenado a 15 años de prisión; Héctor Francisco Sibilla, responsable de seguridad de la planta de la compañía estadounidense en la localidad de General Pacheco -al norte de la capital argentina- a 12 años y Pedro Müller, exgerente de Manufactura, a 10 años.

Una vez leído el fallo, las víctimas y sus allegados que asistieron a la audiencia estallaron en aplausos. Varios portaban pañuelos blancos que llevaban inscritos el logo de Ford y las palabras “Nunca más”, así como un dibujo del modelo Ford Falcon con el que la empresa abasteció al Estado en los años 70 y que era usado por los militares para los operativos de secuestro de disidentes.

“Memoria, verdad y justicia es lo que siempre pedimos... La empresa quedó expuesta y no pudo defenderse; le dio la posibilidad al Ejército de que nos torturaran dentro de la fábrica”, dijo a The Associated Press Pedro Troiani, una de las 24 víctimas que sufrió la represión militar.

Los jueces del tribunal consideraron que Riveros es coautor mientras que los dos civiles son partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad como allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad e imposición de tormentos. Los abogados querellantes y la fiscalía habían pedido 25 años de prisión para los imputados, que se proclamaron inocentes.

Müller dijo antes de conocer la sentencia que tenía la “conciencia tranquila” porque no era “responsable de inconductas”.

 

La abogada querellante, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó a la AP que estaba conforme con la decisión judicial al señalar que “el objetivo era demostrar no sólo que los hechos habían ocurrido sino la participación central en ellos de Ford y en particular de esos gerentes”.

Este caso es el primero en llegar a una condena por la colaboración de empresas con la represión perpetrada por los militares durante la dictadura que gobernó Argentina de 1976 a 1983. El juicio comenzó hace un año.

Los condenados pueden apelar las sentencias, que según el tribunal deben ser cumplidas en cárceles comunes.

Riveros cumple una condena en su domicilio por otras violaciones a los derechos humanos y los dos exdirectivos -de avanzada edad- permanecerán en libertad mientras dure el proceso de apelación aunque el tribunal les prohibió salir del país.

A su salida de la sala judicial, los dos civiles condenados no quisieron hacer declaraciones a AP. Fueron seguidos por varias personas que les gritaron “asesinos” y les increparon con el cántico “¡Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar!”.

La AP intentó contactarse con la filial de la automotriz para conocer su opinión sobre las sentencias, pero no tuvo éxito.

Según el fallo, 24 trabajadores de Ford sufrieron torturas luego de que el ejército irrumpió en 1976 en la planta de la automotriz. Quince sufrieron privaciones ilegales de la libertad y nueve permanecieron más de un mes en condición de desaparecidos en distintas comisarías, sin que sus familias supieran nada de ellos, y luego fueron legalizados al ser trasladados a penales.

Los abogados querellantes consideran que durante el juicio quedó probado que la empresa contribuyó con la confección de listas de aquellos que debían ser secuestrados y la cesión de las instalaciones donde se practicaron las torturas. Muchas de las víctimas eran delegados sindicales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló en su cuenta de Twitter que el fallo “es un hito en la sanción de la complicidad civil con el terrorismo de Estado”. La organización humanitaria indicó que 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto son empresarios y que el régimen militar fue la oportunidad que vieron algunos directivos para resolver de manera represiva los conflictos laborales y aumentar sus ganancias.

En 2019 comenzará el juicio a un grupo de exmilitares por su presunta responsabilidad en el secuestro de una veintena de trabajadores de la filial local de Mercedes Benz, de los cuales 15 siguen desaparecidos. Sin embargo, los fiscales de esa causa consideran que dos antiguos directivos de la empresa también estarían involucrados en los delitos.

Durante la dictadura fueron asesinadas o desaparecieron más de 7.600 personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000

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